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Regula la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones de interés general en Ceuta y Melilla, incluido el sostenimiento de los costes de funcionamiento de sus plantas desalinizadoras. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actividades subvencionadas y las obligaciones de justificación.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Establece las características de la formación sobre competencias para ejercer la función directiva en centros educativos públicos, prevista en la Ley Orgánica de Educación. Regula las modalidades de participación, los objetivos, los programas formativos, la organización de la oferta y la evaluación y certificación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección de la salud de las personas menores de edad y la prevención de conductas adictivas en Galicia. Establece medidas de promoción de la salud, prevención y control de la oferta de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y adicciones sin sustancia, con un régimen de inspección y sanciones.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Educación a varias entidades para programas educativos, como el Programa MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin, la Confederación Estatal de Personas Sordas, FIAPAS, la FEMP, el CSIC, las ciudades de Ceuta y Melilla, el colegio Parque de España de Rosario y los Movimientos de Renovación Pedagógica. No se conceden en concurrencia competitiva porque son programas en funcionamiento que solo esas entidades pueden realizar.

Modifica la Ley de educación de Cataluña para regular los equipamientos escolares, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad financiera de programas de formación e inserción. Se aprueba como decreto-ley por la urgencia de las necesidades educativas y la prórroga presupuestaria.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

La ley establece garantías para que la Comunidad de Castilla y León preste los servicios autonómicos esenciales en todo su territorio. Incluye garantías específicas para los servicios sanitarios, educativos y sociales en el ámbito rural.