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Regula cómo se pide y se concede la autorización administrativa para crear redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Estas redes suministran electricidad a una zona industrial, comercial o de servicios concreta y reducida geográficamente. Fija los requisitos, derechos y obligaciones de sus titulares y consumidores, y el procedimiento ante la Administración.

Crea la División de Proyectos de Energía Eléctrica dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta división se encarga de tramitar y autorizar proyectos de energía eléctrica, en especial los renovables. La norma también fija sus funciones y establece que no supone aumento de gasto.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Modifica la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y la del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con ello adapta la organización administrativa para impulsar el despliegue de energías renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, incluida la energía sostenible en las islas.

Actualiza los procedimientos de las pruebas de rendimiento que determinan los parámetros técnicos y los costes variables de las instalaciones de generación eléctrica con régimen retributivo adicional en los territorios no peninsulares. Estas pruebas las realiza el titular de cada grupo y las supervisa el operador del sistema.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda para crear una nueva Secretaría General de Fondos Europeos dentro de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. De ella dependerán dos direcciones generales. También ajusta la estructura de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de los departamentos ministeriales.