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La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Errenteria para construir un aparcamiento disuasorio junto a la estación de tren de Lezo-Errenteria. El aparcamiento busca facilitar el cambio del coche al tren y mejorar el acceso a la estación.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

Modifica la Ley 4/2017 de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Cambia las reglas sobre instalaciones con máquinas expendedoras o suministradoras automáticas de bienes que puedan afectar a la seguridad, como combustibles. También modifica el Decreto 537/2004 sobre derechos de los consumidores.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, sociedades y fundaciones públicas. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y tasas.