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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña. Regula la cita previa en la atención presencial, amplía el derecho a una buena administración y reconoce el derecho a rectificar errores ante la Administración.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de la Ley de la Comunidad de Madrid 18/2023 que excluía a asociaciones y entidades defensoras de derechos LGTBI de la condición de interesadas en procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

Regula los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (radio y televisión autonómicas) para adaptarlos al entorno digital. Establece su misión de servicio público, su organización, su financiación y los controles externos.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

La ley regula el acceso a la cultura en Galicia con criterios de inclusión y accesibilidad para todas las personas, en especial quienes tienen dificultades de participación cultural. Crea un plan de accesibilidad y un Observatorio de la Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios apartados de la Ley de la Asamblea de Madrid 17/2023, que modificaba la ley autonómica de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esos apartados.

Establece medidas fiscales en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda. Incluye deducciones en el IRPF por alquilar viviendas vacías y por rehabilitar viviendas en zonas rurales para alquiler, y cambios en el impuesto de transmisiones para la compra de vivienda habitual. También crea un censo de núcleos de población diferenciados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.