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Regula en España los trámites para inscribir, modificar o anular en el registro de la Unión Europea indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, como joyería, textiles o cristalería. Fija quién puede solicitarlo, cómo se examina, el procedimiento de oposición y los controles de uso.

La ley regula la calidad alimentaria en Galicia: crea la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, fija obligaciones de autocontrol y trazabilidad para las empresas alimentarias y ordena las figuras de calidad diferenciada, como denominaciones de origen y producción ecológica. También establece el control oficial, la inspección y el régimen de sanciones.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Cambia quién se encarga del control oficial y de las sanciones en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que abarcan más de una comunidad autónoma. Estas tareas pasan de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a los servicios centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Regula la viña y el vino en Castilla-La Mancha: autorizaciones para plantar vid, registro vitícola, declaración de cosecha, prácticas enológicas, indicaciones geográficas de ámbito autonómico, control y trazabilidad, fomento del sector y régimen sancionador.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para la apertura de mercados exteriores. Amplía las actuaciones y los gastos que se pueden financiar, como el registro de marcas, el pago de tasas, las auditorías virtuales y la vigilancia comercial. Estas ayudas se dirigen a asociaciones y federaciones de exportadores y a consejos reguladores de denominaciones de origen.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Junta de Extremadura y anula los artículos 1 y 6 del Real Decreto 536/2019. Esos artículos daban nueva redacción a varios párrafos de los artículos 7 y 18 del Real Decreto 1338/2018, que regula el potencial de producción vitícola.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.