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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de comercio, servicios y ferias de Cataluña. Anula en parte los preceptos sobre horarios comerciales, rebajas, municipios turísticos y prescripción de infracciones, y declara conformes con la Constitución otros sobre temporadas de rebajas y uso de lenguas en el comercio.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, dentro del Plan de Recuperación. Fija un importe máximo por beneficiario para repartir las ayudas entre más solicitantes y adapta las declaraciones responsables a la normativa del plan.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para apoyar la actividad comercial en zonas rurales, dentro del Plan de Recuperación. Actualiza requisitos y declaraciones responsables y fija un importe máximo de ayuda por beneficiario.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la actividad comercial en zonas turísticas, dentro del Plan de Recuperación. Actualiza requisitos y declaraciones responsables y fija un importe máximo por beneficiario para repartir las ayudas entre más solicitantes.

Crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y fija su composición y funciones. El comité coordina a los ministerios con competencias en facilitación del comercio y procedimientos aduaneros y hace seguimiento de los compromisos de España con el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Establece las bases reguladoras de una línea de ayudas para apoyar a los mercados, las zonas urbanas comerciales, el comercio no sedentario y los canales cortos de comercialización, y convoca estas ayudas para el año 2021 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para dar ayudas a comercios en zonas rurales y abre la convocatoria de 2021. Las ayudas se financian con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula quién puede pedirlas, los gastos cubiertos, los plazos y el procedimiento.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial frente a la pandemia de la COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece las normas contables para registrar y valorar los ingresos que una empresa obtiene al entregar bienes o prestar servicios a sus clientes. Desarrolla el Plan General de Contabilidad y fija cómo elaborar las cuentas anuales en esta materia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Publica un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior con recomendaciones sanitarias para la actividad comercial tras el estado de alarma por COVID-19. Las comunidades y ciudades autónomas pueden aplicarlas en sus territorios para mantener un marco común de seguridad.

Permite aplicar con más flexibilidad algunas restricciones del estado de alarma por COVID-19 en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Regula desplazamientos de menores, actividad física, higiene, mercados al aire libre, hostelería y servicios sociales en esos territorios.