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Regula cómo se evalúan las tecnologías sanitarias (medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, procedimientos y terapias) para informar decisiones sobre su incorporación, financiación, precio o retirada. Crea un sistema con un Consejo de Gobernanza y oficinas de evaluación, y fija el contenido clínico y no clínico de las evaluaciones.

Modifica las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios para incluir garantías mínimas de seguridad del paciente. Añade información sobre personal sanitario y regula la adaptación de la oferta asistencial.

Regula cómo se decide qué productos sanitarios (como tiras reactivas o apósitos) se financian con dinero público para pacientes no hospitalizados, cómo se fijan sus precios y los márgenes de distribución y dispensación en farmacias. También establece cómo se incluyen, excluyen y revisan esos productos.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la norma que regula la tarjeta sanitaria individual para permitir que las autoridades sanitarias emitan, además de la tarjeta física, una tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta virtual podrá sustituir a la física si la persona titular está de acuerdo. Se fija un plazo para adaptar técnicamente las tarjetas virtuales ya existentes.

Crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para coordinar los sistemas de vigilancia de la salud de la población. Regula sus fines, funciones, gobernanza, sistemas de vigilancia y laboratorios nacionales de referencia.

Modifica el Real Decreto 1093/2010 para actualizar el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud. Añade el enlace de esos datos con terminologías clínicas para mejorar el intercambio de información entre centros sanitarios.

Modifica la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Regula el régimen del personal temporal y sustituto y establece medidas para controlar la temporalidad en la sanidad pública.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Regula el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia para las empleadas y empleados públicos, y establece medidas excepcionales de contratación de personal sanitario para reforzar el Sistema Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19.

Establece la organización interna del Ministerio de Sanidad, desde la Secretaría de Estado hasta las subdirecciones generales. Crea la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud y su dirección general dependiente. También modifica la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.